Aeropuerto de Chinchero, ¿va o no va?... Factores que explican postergación del proyecto (EDITORIAL)

Aeropuerto de Chinchero, ¿va o no va?... Factores que explican postergación del proyecto (EDITORIAL)

La suspensión de la construcción del Aeropuerto Internacional de Chinchero, en Cusco, ha desatado un nuevo enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y el Congreso de la República, quienes vuelven a medir sus fuerzas públicamente, esta vez, en torno al debate sobre la viabilidad o no de la adenda al contrato de concesión negociada entre el gobierno y el consorcio Kuntur Wasi, cuya firma fue cancelada el lunes último.

Pero en medio de esta controversia con sede en Lima, los más afectados son los pobladores de la región Cusco –principalmente del distrito de Chinchero y las comunidades aledañas–, quienes no terminan de entender las causas que originaron, una vez más, la postergación de tan anhelado proyecto. Desconcertados y descontentos, los cusqueños han vuelto a salir a las calles, con una huelga indefinida y exigiendo a voz en cuello el pronto inicio de las obras.

Son dos los factores que confluyen en esta polémica: lo técnico y lo político. El primer aspecto tiene que ver con la discusión sobre la viabilidad económica–financiera del contrato y la nueva adenda, mientras que el segundo –y quizás el componente menos analizado– se refiere al interés político de quienes están a favor y en contra del proyecto actual.

Desde esta perspectiva, explicamos brevemente estas dos lecturas del problema:

FACTOR ECONÓMICO

La semana pasada los ministros de Transportes y de Economía, Martín Vizcarra y Alfredo Thorne, anunciaron que ayer lunes el gobierno y el consorcio Kuntur Wasi firmarían la nueva adenda al contrato de concesión del aeropuerto de Chinchero, pese a una férrea oposición desde diversos sectores.

Ambos dijeron que la adenda contaba con la opinión favorable de sus respectivos sectores y, fundamentalmente, del organismo supervisor Ositran, pese a que su presidenta había renunciado días atrás por estar en desacuerdo con la propuesta financiera negociada entre las partes. Esta dimisión encendió la pradera e inició la controversia.

Entonces aparecieron diversos especialistas explicando la inviabilidad de la adenda y los perjuicios que traería al Estado peruano. En resumen, dijeron que se había cambiado los términos del contrato inicial, estableciendo una mayor inversión (y riesgo financiero) por parte del Estado y reduciendo las obligaciones de la empresa Kuntur Wasi.

Con estas nuevas condiciones, el Estado tendría que financiar el 81.7% del proyecto y el concesionario apenas el 19.3%, todo lo contrario a lo establecido en el contrato original. Es decir, el país asumiría casi la totalidad de la inversión, con los riesgos que esto conlleva, mientras que la parte privada desembolsaría menos recursos y mantendría los beneficios que le otorga la concesión de 40 años.

Rápidamente, el gobierno salió a explicar que la adenda sería beneficiosa para el Estado, pues se ahorraría US$ 590 millones de intereses por la ejecución del proyecto. Dijo que el contrato original demandaba una inversión total para el proyecto de US$ 1,120 millones; mientras que, con la adenda, dicho monto se reducía a US$ 530 millones, de los cuales US$ 466 millones serían asumidos por el Estado, con dinero proveniente del presupuesto público del presente año.

Para muchos especialistas y politólogos, esta nueva distribución de riesgos resulta perjudicial para los intereses del Estado y favorece al concesionario, cuyo respaldo financiero ha sido duramente cuestionado. Además, consideran que la adenda desvirtúa el modelo de concesión y plantea un proyecto más próximo a una obra pública que a una asociación pública-privada (APP), en donde se comparten los riesgos.

Estos cuestionamientos no tardaron en llegar a oídos del Congreso, en un contexto en el que se vienen investigando diversos casos de corrupción estatal. Diversos congresistas se pronunciaron sobre este caso y plantearon como solución dejar sin efecto el contrato de concesión, por el incumplimiento de las obligaciones asumidas por el concesionario, tras lo cual se debería evaluar si es más conveniente convertir el proyecto en una obra pública o iniciar un nuevo proceso de licitación.

FACTOR POLÍTICO

Como ya hemos comentado líneas arriba, el factor político es quizás el menos analizado hasta el momento y tiene que ver con la “oportunidad” que genera esta controversia, en medio de escándalos sobre corrupción en las instituciones del Estado. Este caso se ha vuelto mediático y ha despertado el interés de la opinión pública, elementos suficientes para atraer la atención de la clase política, divida en oficialismo, oposición y los comodines.

En este punto vale hacer un poco de historia: la concesión para la construcción y operación del aeropuerto de Chinchero fue otorgada en el 2014 al consorcio Kuntur Wasi. Las obras debían iniciar un año después, pero el proyecto sufrió una serie de demoras debido a inconvenientes de una y otra parte.

En las elecciones presidenciales del 2016, el entonces candidato Pedro Pablo Kuczynski (PPK) acogió el pedido de la población cusqueña, que llevaba reclamando desde hace 40 años la construcción del aeropuerto de Chinchero, como solución a la falta de capacidad del actual terminal aéreo Alejandro Velasco Astete frente a la creciente demanda de pasajeros y turistas. Entonces, PPK prometió destrabar dicho proyecto de ser elegido.

En tanto, las autoridades nacionales, regionales y locales venían solucionando varias interferencias a la obra como el saneamiento de los terrenos y la aprobación de los documentos técnicos. Por su parte, el concesionario Kuntur Wasi avanzó con los expedientes técnicos correspondientes, pero su plan de cierre financiero fue desestimado una y otra vez por Ositran.

Con la llegada de PPK a la presidencia, renacieron las esperanzas de ver en marcha el proyecto. No obstante, más allá de cumplir el compromiso asumido con el Cusco –que le valió muchísimos votos en dicha región–, el interés político del Jefe de Estado apuntaría a querer inaugurar el aeropuerto de Chinchero antes del 2021, cuando culmina su mandato. Ello explicaría el apuro en negociar una adenda para iniciar cuanto antes las obras, pues se sabe que el proceso de construcción toma entre cuatro y cinco años.

Además, es consciente que, de cancelarse la actual concesión, tomaría entre dos o tres años reformular el proyecto y convocar a una nueva licitación, quitándole toda posibilidad de inaugurar la obra y los réditos políticos que conlleva. Es decir, sería un golpe político para un gobierno que busca reactivar la economía vía la infraestructura.

Incluso, la cancelación unilateral del contrato podría generar un arbitraje internacional, que demoraría unos tres años y que podría resolverse a favor del concesionario.

Por su parte, el otro bando político, la oposición, ha sabido sacar partido de esta polémica y se ha sumado a quienes cuestionan la adenda negociada por el gobierno y Kuntur Wasi. Hoy los vemos levantar la bandera proteccionista de los intereses públicos y queriendo demostrar en los medios su amplio conocimiento del tema.

En ese contexto, la bancada fujimorista de Fuerza Popular dio un golpe certero al gobierno, haciendo sentir, una vez más, todo su poder en el Legislativo. El lunes por la mañana advirtió al Ejecutivo que, si se firmaba la adenda del aeropuerto de Chinchero, interpelarían al ministro de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra.

Tal fue la contundencia de esta amenaza que, horas más tarde, el gobierno tuvo que anunciar la suspensión del proceso y la postergación del inicio de obras. Con esta medida, el presidente Kuczynski habría querido evitar una nueva interpelación a sus ministros, más aún, tratándose de Martín Vizcarra, titular del MTC, su brazo derecho en el Ejecutivo y nada menos que primer Vicepresidente de la República.

Pese a ello, el mandatario supo reaccionar rápidamente y anunció que la suspensión de las obras en Chinchero respondía a un pedido expreso del Congreso. Con ello trasladó el problema al Legislativo y le exigió que explique técnicamente su oposición a la adenda. También recalcó que se trataba de una paralización temporal, que la construcción del aeropuerto de Chinchero iría de todas maneras y que no se dejaría intimidar por quienes se oponen al proyecto.

Ayer los representantes de Fuerza Popular aclararon que no se oponían al desarrollo del aeropuerto de Chinchero y pidieron al Ejecutivo continuar con el inicio de las obras.

CONCLUSIONES

En medio de los debates técnicos y discusiones políticas, la población de Cusco ve con frustración lo que sucede en Lima y teme que sea indefinida la nueva postergación del aeropuerto de Chinchero. Por ello resulta difícil cuestionar –esta vez– su decisión de realizar movilizaciones y protestas, pues considera con justa razón que la suspensión anunciada por el gobierno (un día antes del inicio de obras) es una burla a sus expectativas.

¿Qué sucederá ahora con el proyecto? ¿Se mantendrá la adenda o se cancelará la concesión? ¿Cuándo iniciará finalmente la construcción del aeropuerto de Chinchero? Estas y otras preguntas deben ser absueltas cuanto antes por las autoridades del Ejecutivo y el Legislativo, quienes tienen la responsabilidad de alcanzar una solución consensuada donde prime los intereses del Estado.

Considero que la solución más práctica es reformular la polémica adenda, manteniendo la propuesta de inversión por parte del Estado y de Kuntur Wasi, pero equilibrando los riesgos entre ambas partes y renegociando los frutos de la concesión del esperado aeropuerto de Chinchero, con condiciones más favorables para el país y para la región Cusco.

Saludos,


Juan Carlos Castro
Director General
Portal de Turismo
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www.portaldeturismo.pe 

 

 

*ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN (02 FEBRERO 2017)

Tras la publicación de esta Editorial, el gobierno central anunció que el viernes 03 de febrero el Poder Ejecutivo, en representación del Estado, finalmente firmará la adenda al contrato de concesión con el consorcio Kuntur Wasi, dando inicio así a las obras de construcción del aeropuerto de Chinchero. Ese mismo día se llevaría a cabo la ceremonia de colocación de la primera, con la presencia del presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski; el ministro de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra; autoridades regionales, provinciales y distritales de Cusco; representantes de la empresa concesionaria; entre otros invitados.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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